Es bien conocido que durante el mandato de Alberto Fujimori, se promovió en Perú una campaña de esterilización forzosa de, al menos, 300.000 personas, 272.000 mujeres y 22.000 hombres. Dicha campaña estuvo en parte financiada por la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), el fondo de población de la ONU (UNFPA) y la fundación japonesa NIPPON. Al margen de otros problemas morales y sociales, los fiscales peruanos han identificado 4 mujeres que murieron como consecuencia de esta campaña de esterilización involuntaria. Ahora, un grupo de mujeres afectadas, se van a presentar ante los correspondientes tribunales de Perú, acusando a Fujimori y otros funcionarios de su gobierno de graves abusos contra los derechos humanos.