La maternidad subrogada no puede ser una alternativa legal para tener descendencia. Es una pr谩ctica que abre las puertas a la explotaci贸n de la mujer, enriquece a las agencias o intermediarios que buscan a gestantes dispuestas a alquilar por dinero sus vientres y fomentan situaciones comparables con la esclavitud. Son algunas de las conclusiones recogidas en un documento hecho p煤blico por el Grupo de Opini贸n del Observatorio de Bio茅tica y Derecho de la Universitat de Barcelona (UB)
Este grupo de expertos en derecho y 茅tica reconoce que no ha sido f谩cil alcanzar el consenso en este documento, ya que entre sus integrantes hay tambi茅n diversidad de putos de vista sobre el tema, como ocurre en el debate social generado por este asunto. No han querido apresurarse, confiesan, en la publicaci贸n del estudio al que han dedicado muchas sesiones de trabajo. Pero ahora consideran que emitir su opini贸n es casi una obligaci贸n, 鈥渁lgo inaplazable鈥 dado 鈥渆l recrudecimiento de este debate en nuestro pa铆s鈥.
En Espa帽a, recuerda el documento, existen varias propuestas de regulaci贸n, que van desde la prohibici贸n absoluta, como es el caso del Comit茅 de Bio茅tica de Espa帽a, hasta una regulaci贸n m谩s permisiva, como la que propone el Grupo de 脡tica y Buena Pr谩ctica de la Sociedad Espa帽ola de Fertilidad o la proposici贸n de ley presentada por el grupo parlamentario Ciudadanos, favorable a esta pr谩ctica.
A esa lista de diversidades de punto de vista hay que sumar una postura cada vez m谩s decidida y clara del actual Gobierno, contrario a la maternidad subrogada y que compartir铆a muchos de los argumentos expuestos en el documento del Observatorio de Bio茅tica y de Derecho de la UB. Una postura, la del Ejecutivo de Pedro S谩nchez, que ha coincidido con un incremento de trabas a familias espa帽olas que llevan semanas atrapadas en Ucrania (en ese pa铆s la gestaci贸n subrogada es legal) a la espera de la documentaci贸n necesaria para poder regresar a sus casas con hijos nacidos por maternidad subrogada.
Una cuesti贸n que mueve miles de millones de euros
Las cuestiones que m谩s preocupan a este grupo de expertos tienen que ver 鈥渃on la comercializaci贸n del cuerpo humano鈥, 鈥渆l derecho de los nacidos a conocer su origen鈥 y 鈥渓a protecci贸n de las personas m谩s vulnerables鈥.
El documento es especialmente duro con los intermediarios, agencias especializadas en paquetes de maternidad subrogada, que ponen en contacto a las gestantes biol贸gicas con las parejas que quieren tener un hijo con esta pr谩ctica y pagan por ello entre 40.000 euros y 120.000 euros. 鈥淓s una cuesti贸n que mueve miles de millones de euros鈥, recalcan estos expertos y 鈥渆n gran medida son los intermediarios (que operan con 谩nimo de lucro) quienes crean la necesidad de consumo, y por ende los mercados y perciben, adem谩s, las mayores ganancias鈥.
El Grupo de Opini贸n del Observatorio de Bio茅tica y Derecho considera que existen argumentos suficientemente s贸lidos para no autorizar la maternidad subrogada y su propuesta es no modificar la regulaci贸n actualmente existente en Espa帽a, donde esta pr谩ctica est谩 prohibida. Lo que no impide, sin embargo, que decenas de parejas viajen cada a帽o a pa铆ses extranjeros donde esta gestaci贸n si es legal para tener all铆 a sus hijos.
En caso de que el Parlamento espa帽ol acordara alg煤n d铆a aprobar una ley que admita esta pr谩ctica, estos expertos lanzan una serie de propuestas o cautelas encaminadas a proteger los intereses de todas las personas involucradas. Si se diera esa hipot茅tica situaci贸n consideran que los procesos deber铆an ser avalados por una autorizaci贸n judicial. Jam谩s tendr铆a que haber una contraprestaci贸n econ贸mica, m谩s all谩 de los gastos m茅dicos generados por la gestaci贸n. Que la madre gestante tuviera varios meses, tras el parto, para decidir si quiere entregar o no a ese beb茅. Y los padres que tengan a sus hijos por ese procedimiento, ratificada la voluntad de la madre gestante, no podr铆an rechazar nunca a su hijo, aunque esa criatura presentara malformaciones o problemas de salud.
Estos expertos en 茅tica y derecho consideran, asimismo, muy importante si estos procesos fueran un d铆a legales elaborar 鈥渦na inscripci贸n registral de la pr谩ctica, y su publicidad restringida, para garantizar el derecho del menor a conocer su propio origen鈥. Una medida a la que se oponen de forma frontal la mayor铆a de las madres que han tenido hijos por este procedimiento al considerar que esa lista vulnerar铆a muchos derechos fundamentales.
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