El pasado 2 de marzo se aprobó por unanimidad en la sesión del pleno de la Asamblea de Madrid la proposición de Ley de derechos y garantías de las personas en el proceso final de la vida (PROPL 8/16 RGEP 3856). Dentro de sus fines incluye “regular y proteger el ejercicio de los derechos de las personas a una adecuada atención sanitaria en el proceso de morir, establecer los deberes de los profesionales sanitarios que atienden a los pacientes que se encuentren en esta situación y definir las garantías que las instituciones sanitarias están obligadas a ofrecer con respecto a ese proceso�(Art.1 Objeto).
Semanas antes de la votación, desde el grupo Vida Digna de Profesionales por la Ética ya nos habíamos dirigido a los diputados de la Asamblea de Madrid para evidenciar lo innecesario de esa ley, en los términos que ha sido redactada. Elaboramos un informe de análisis riguroso, que te adjunto, señalando artículo por artículo las mejoras para evitar la inclusión del medidas que favorecieran la mala práctica médica, entre ellas la eutanasia encubierta, la cual es delito en España. Aunque a raíz del informe y el trabajo con algunos diputados, varios artículos han sido modificados y clarificados, se han dejado aspectos peligrosos que abren la puerta a la eutanasia, como los siguientes:
1. Permitirá retiradas inadecuadas de hidratación o nutrición, cuidados básicos ordinarios no definidos como tales en el texto legal recientemente aprobado, amparadas en un entendido supuesto derecho a la toma de decisiones� abriendo la puerta a prácticas eutanásicas encubiertas.
2. No concilia la defensa y garantía de la autonomía –mediante el respeto a la voluntad del paciente- con la lex artis o buena práctica, exigible a todo médico.
3. Presiona a los médicos sancionando como infracción “grave� el hecho de vulnerar los “derechos de los pacientes�, lo que favorece el abandono de la lex artis al final de la vida.
4. Obliga a las instituciones sanitarias y socio-sanitarias públicas y privadas a acatar la voluntad del paciente de manera absoluta.
5. Otorga poder a los profesionales para actuar amparados en la “seguridad jurídica� del procedimiento legal, al poder incapacitar de hecho a la población más vulnerable, poniéndolos en situación de riesgo de eutanasia encubierta.
No podemos perder de vista que en España se han presentado dos casos de muerte de pacientes por retiradas de alimentación adecuadas a petición de la familias bajo el amparo de estas leyes autonómicas de muerte digna, son el de Ramona Estévez en Andalucía y de Andrea Lago en Galicia. Por eso sabemos lo que implica y supone una ley como esta, una ley del final de la vida basada en derechos y deberes puede conllevar a que el profesional se inhiba o abandone al paciente y que tome en una decisión errónea, especialmente cuando se trate de situaciones agudas concomitantes que pueden resolverse adecuadamente, por miedo a ser sancionado por obstaculizar el deseo del paciente�.
En Vida digna seguiremos trabajando a favor del derecho a la vida hasta el final y el valor y dignidad de TODA vida humana. Hemos avanzado mucho, hemos trabajado codo con codo con políticos y otras entidades pero es un hecho que la puerta a la eutanasia cada vez se abre más. Por eso se hace necesaria una mayor concienciación social y un cambio cultural.

Carlos �lvarez
Portavos de Vida Digna, una iniciativa de
PROFESIONALES POR LA ÉTICA
España