El pasado 17 de junio entró en vigor en California, donde vive un sexto de la población estadounidense, una ley que permite el suicidio asistido. Esta se basa en los modelos vigentes en Oregón, Washington y Vermont, donde la práctica consiste en la prescripción de una medicación letal que el paciente ingiere por sí mismo. Se admite para enfermos adultos con capacidad de decidir y una expectativa de vida inferior a seis meses. No es preciso padecer un sufrimiento insoportable.
Es necesario realizar tres peticiones, dos de ellas verbales y separadas al menos por 15 días, y una tercera escrita y firmada por dos testigos. En el proceso participan dos médicos: el que confirma el diagnóstico y la capacidad del paciente, y el que receta el fármaco letal (Diario Médico, 13/19-VI-2016).
Ante la aprobación de esta ley un problema ético, entre otros, es determinar, no si un individuo puede optar por terminar con su vida, que también, sino si los médicos pueden participar en terminar con una vida humana.

El doctor Steven A. King publica en Psychiatric Times (26-1-2016) un artículo en el que se muestra contrario a legalizar el suicidio asistido. Para ello se basa en que de acuerdo con su experiencia como psiquiatra, la mayoría de las personas que solicitan el suicidio asistido sobre todo necesitan un más adecuado tratamiento del dolor de su enfermedad de base y valorar si padecen depresión. Apoya su tesis en el hecho de que a menos de un 3 % de estos pacientes se le ha evaluado su situación mental, por lo que muy probablemente no se ha podido excluir que sufrieran depresión.