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Paliativos, en vez de asistir suicidios
Publicado en Diario Medico. Yolanda Zuriarrain Reyna. Médico de Cuidados Paliativos del Hospital Centro de Cuidados LAGUNA 17/05/2013

29/06/2013
Las instituciones p√ļblicas en sociedades cada vez m√°s longevas deben de promover la mejora de la calidad de vida, un papel que est√° lejos del recogido por el Tribunal de Estrasburgo en su fallo sobre suicidio asistido.
Cada vez hay m√°s personas mayores en Europa. La esperanza de vida est√° aumentando en todo el continente, seg√ļn el √ļltimo informe de marzo de 2013 de la Oficina Regional de la Organizaci√≥n Mundial (OMS) de manera que, ahora mismo, la poblaci√≥n media en la UE puede llegar a vivir hasta los 76 a√Īos.
La misma expresión utilizada para definir la longevidad, Esperanza de vida, es ya indicativo de que la vida es un valor, un bien en sí mismo que debe ser defendido, apoyado y potenciado, especialmente desde las disciplinas médicas y sanitarias, que se dedican esencialmente a buscar lo que es óptimo para la vida humana.
La polémica sentencia
Por ello, resulta especialmente sorprendente el fallo del Tribunal de Estrasburgo, uno de los órganos más importantes en pro de la defensa de los derechos humanos, al solicitar a Suiza que "defina con claridad en qué casos una persona, en plena posesión de sus facultades, puede exigir la prescripción de una sustancia que le ayude a morir", independientemente de que la persona en cuestión que concurría a la consulta del Tribunal no padeciera enfermedad ninguna más allá de la senectud. En este caso, la argumentación expuesta por el Tribunal ha sido que "no se debe forzar a prolongar la vejez o a vivir en estados de decrepitud física o mental, que entran en conflicto con las nociones dominantes de la autonomía y la identidad personal".
En este contexto, debemos considerar si el papel de las instituciones políticas y sanitarias no es, precisamente, promover avances que mejoren la calidad de vida de las personas durante el proceso de envejecimiento, en vez de plantearse el suicidio como la salida más garantista.
En este aspecto es tambi√©n muy reciente la resoluci√≥n de Irlanda sobre la misma materia, aunque con un resultado radicalmente opuesto: hace apenas un mes, se ratificaba el veto al suicidio asistido, asegurando que el suicidio es un "problema social" con "terribles consecuencias" para las familias y los enfermos. Los magistrados irlandeses consideraron que la decisi√≥n estaba "justificada desde el punto de vista del inter√©s p√ļblico", pues contribuye a proteger a los "m√°s vulnerables". Ese tribunal asegur√≥ que existe un "riesgo real" de que, incluso con las m√°s "estrictas salvaguardas", la legalizaci√≥n del suicidio asistido impidiera proteger a los m√°s vulnerables, como "los ancianos y los pobres", quienes "podr√≠an no ver otras opciones cuando se consideran una carga para sus familias o la sociedad".
Se ha constatado que en los países en los que el suicidio asistido y la eutanasia es legal, las consultas a los equipos de Cuidados Paliativos se reducen notablemente. En Bélgica, los equipos de Cuidados Paliativos sólo fueron consultados en un 9 por ciento de los casos necesarios, viendo reducidas sus consultas en un 10 por ciento desde 2002 (Pereira J., Current Oncology, 2011).
De 2002 a 2012, el n√ļmero de casos declarados en B√©lgica, pas√≥ de 232 a 1.432 (European Institute of Bioethics, abril de 2012). El 52 por ciento de las personas que solicitaron la muerte asistida ten√≠an edades comprendidas entre los 60 y los 79 a√Īos, y el 26 superaba la edad de 79 a√Īos, seg√ļn la Agencia Belga de Noticias.
En este contexto, el Tribunal de Estrasburgo se erige en garante del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que reconocen la primacía de la defensa de la vida humana y sus derechos esenciales. Por ello, en una sociedad con una sobrevaloración de la autonomía como bien supremo y el sobreesfuerzo que supone para los familiares afrontar la dependencia, las instituciones deberían convertirse en adalides del derecho a la vida, promoviendo políticas de acceso a los servicios sociosanitarios básicos y especializados como solución a esta realidad.


 
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